Entre los impagos de las nóminas en la recta final del gobierno socialista de Pilar Sánchez, el ERE que aplicó su sucesora del PP, la ya también exalcaldesa María José García-Pelayo, para 260 trabajadores municipales hace ya casi tres años, y las protestas que acarrearon estas circunstancias, la plantilla del Ayuntamiento de Jerez lleva años siendo protagonista de los últimos gobiernos constituidos en Jerez. Ahora es a la nueva alcaldesa, Mamen Sánchez, a quien le toca lidiar con la prometida reincorporación de los despedidos por el ERE a los que la justicia les haya dado la razón en las demandas individuales -lo cual hasta ahora ha ocurrido en el caso de todos los menores de 59 años que han denunciado - con garantizar el pago de los salarios o con los contenciosos que mantienen abiertos los técnicos municipales por la RPT, entre otras cuestiones.
Por todas estas razones, la reunión que ha convocado este lunes a las 11.30 con todas las secciones sindicales del Consistorio es, sino la más, una de las más importantes de las que ha tenido en la semana que lleva ejerciendo como máxima autoridad local. Las distintas organizaciones están citadas a las 11.30 horas y en el seno de los sindicatos reconocen que hay bastante expectación en torno a un encuentro con el que esperan ir despejando incógnitas. ¿Cómo quedará la estructura organizativa de la plantilla?¿Está garantizado el pago de las nóminas para los próximos meses?¿Se va a renovar el convenio con Caixa Bank para anticipar los pagos de la recaudación municipal?Y, uno de los temas “estrellas”, ¿cuáles son los pasos que va a dar para la incorporación de los afectados del ERE que elijan volver al Ayuntamiento y cómo va a afectar esto al resto de los trabajadores?
Hasta ahora, lo único claro al respecto es que la alcaldesa se mantiene firme en su promesa electoral de que los despedidos por el ERE con sentencias favorables puedan escoger entre si regresan al Ayuntamiento o la indemnización. Así lo dijo brevemente en su discurso de investidura, y después del Pleno cuando en la calle un grupo de afectados le esperaban. Entonces les llegó a asegurar que su calvario había acabado.
Pero, ¿cómo se materializará este compromiso?Llega el momento de concretar, sobre todo porque en septiembre se cumplen tres años de la marcha de estos empleados del Ayuntamiento y las vistas orales ante los juzgados de lo Social están prácticamente finiquitadas, a falta de que se vayan conociendo también las últimas sentencias. Y es aquí cuando se presentan nuevos interrogantes. Hasta ahora, el Ayuntamiento ha ido recurriendo en el plazo de los diez días que tenía desde que se les notificaba el fallo la totalidad de los despidos improcedentes (trabajadores menores de 59 años a fecha de agosto de 2012) exceptuando el de una chica que estaba de baja por maternidad.
Al haberse cumplido el guión marcado de las asesorías jurídicas de los sindicatos, y haberse mantenido el criterio “objetivo” del Tribunal Supremo atendiendo a la edad, en esta nueva etapa de lucha individual, los juzgados han considerado procedentes, y por tanto, ajustados a la ley, los despidos del colectivo de los mayores de 59 años (unos 138 de los 260), y ha declarado improcedentes, por la “arbitrariedad” con la que se llevó a cabo su selección, entre otros argumentos, los de los restantes, es decir, prácticamente la mitad.
Cuestión de “voluntad política”
¿Cuál es el camino a seguir a partir de ahora?Sánchez aún no ha hablado claro, pero ya ha dicho que en lo que respecta a la readmisión “lleva su proceso” y que la asesoría jurídica está por la labor de que los recursos iniciados “deben mantenerse” mientras en el Ayuntamiento preparan esa elección que tienen que hacer los afectados entre readmisión e indemnización. Teniendo en cuenta que salvo casos muy concretos, la mayor parte va a optar por volver a la Administración local, al margen de que la indemnización vaya a ser cuantiosa dependiendo de los años de servicio prestados (45 días por año), no es extraño que los afectados empiecen a impacientarse.
¿Por qué?Pues porque como indican los expertos en derecho laboral consultados por este periódico, el afán de recurrir del Gobierno popular respondía más bien a una estrategia por retrasar el pago hasta que el tribunal superior resolvía el recurso, en tanto que la estimación en estos casos es que la sentencia esté en un plazo entre 8 y 12 meses. Sin embargo, si la intención de Sánchez es dejar elegir a los despedidos con sentencias favorables, estas mismas fuentes entienden que no hay razón para continuar con los recursos, ni seguir presentándolos a las sentencias que queden por salir.
Esto quiere decir que, “si hay voluntad política”, los ex empleados pueden volver al Ayuntamiento en cuestión de tres semanas o un mes, que es el tiempo que podría tardar entre que el Gobierno local comunica a la sala de lo social del TSJA su decisión de desistir al recurso para que se archiven las actuaciones. A partir de ahí, habría que ir viendo caso por caso, y resolviendo cómo se canalizaría su vuelta. De lo contrario, podría pasar hasta un año para que los trabajadores que tengan intención de reincorporarse puedan hacerlo. Así lo asegura Antonio Ortega, graduado social, y que ha llevado el caso de medio centenar de afectados por el ERE, que tiene claro que exceptuando el caso de empleados que lleven muchos años en el Consistorio jerezano “siempre les va a convenir más seguir trabajando que optar por la indemnización”.
Entre los propios despedidos además a hay nervios, y el grupo de WhatsApp que tienen también empieza a echar humo preguntándose por su futuro más inminente. Por eso, están esperando a que la nueva alcaldesa “se asiente” y esperan que en dos semanas, la plataforma de afectados por el ERE pueda volver a sentarse con ella -ahora ya como alcaldesa y no en la oposición- para salir de dudas.
“Los técnicos estamos para que nos expriman”
Aunque inicialmente se mostró reacia a gobernar Jerez con siete concejales, al final la nueva alcaldesa dio marcha atrás y se aferró a la plantilla municipal y, sobre todo, a los técnicos para sacar adelante su proyecto de Gobierno pese a la minoría. Su labor, como ella misma apunta, se presenta más imprescindible que nunca, y la propia regidora socialista no ha dudado en afirmar estos días que quizás este colectivo llegue a tener incluso más responsabilidad que en otras ocasiones. Una declaración de intenciones que no inquieta en el seno de la Agrupación de Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Jerez (ATMJ) ni mucho menos, como apunta su presidenta y portavoz, Milagrosa Abascal. “Nosotros lo que queremos es trabajar, desarrollar nuestra labor profesional y seguiremos en nuestra línea. Si todo se hace correctamente no habrá ningún problema. Para eso estamos, para que nos expriman; estamos al servicio del Ayuntamiento”, sostiene la representante de la ATMJ, que cree que ya es hora de que la plantilla municipal “pase a ser algo secundario” y no se vea como “un problema” sino como “el mayor recurso del Ayuntamiento” a la hora de traer “calidad” a los servicios prestados.
No hay que perder de vista que la ATMJ ha estado en el punto de mira en los últimos años tras las demandas interpuestas por la bajada de sueldos mayores de 40.000 euros que realizó el PP, dentro de las medidas de ahorro en la plantilla, y al que la justicia acabó dando la razón. A la batería de demandas, además de la interpuesta contra el ERE, también se sumaron otras tantas, contra la RPT, el convenio colectivo y otras medidas adoptadas por el Gobierno local de María José García-Pelayo. Ahora los técnicos vuelven a saltar a la palestra, mientras sus causas legales “siguen para adelante”. En este sentido, insisten en que van a mantener su “misma línea” de “coherencia y actuaciones”. Por otra parte, el organigrama y estructura de la plantilla será otro de los asuntos la Agrupación de Técnicos Municipales espera poder abordar en la reunión de este lunes. A este respecto, entienden que independientemente de que las un delegado se encargue de tres concejalías, como así ocurrirá en la práctica, “lo normal” es que el nuevo Gobierno mantenga este sistema, si bien también existe la posibilidad de que se hagan cambios.
