La Fiscalía Anticorrupción ha acusado a las defensas de los 13 acusados en la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a presuntas irregularidades en las contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, de intentar una "auténtica maniobra dilatoria" al solicitar la suspensión del juicio y ha mantenido que éste "debe celebrarse", tal y como ha ordenado el Tribunal Supremo (TS). También ha subrayado la imparcialidad del tribunal juzgador, y ha dicho: "No hay ninguna duda de que los magistrados van a ejercer su función con claro respeto al ordenamiento jurídico".
Así se ha pronunciado una de las fiscales encargadas del caso, Ana Cuenca, en su turno de intervención en la segunda sesión del juicio de esta pieza 3 del caso Gürtel, que ha obligado a sentar en el banquillo a dos exconselleras de Turismo del equipo de Gobierno de Francisco Camps: Milagrosa Martínez (actual alcaldesa de Novelda) y Angélica Such.
La fiscal ha indicado que las cuestiones previas presentadas por los abogados de los acusados -este lunes--, "con absoluto respeto hacia el derecho de defensa", vislumbran "una auténtica maniobra dilatoria" y un "fraude procesal". Ha aseverado que el juicio debe celebrarse, tras ordenarlo el TS en la resolución en la que determinó que la competencia para el enjuiciamiento de esta pieza era el tribunal valenciano.
El TS dijo "de forma clara" --ha agregado-- que este juicio "debía de señalarse sin demora". "El TS dice que hay que evitar que se produzcan dilaciones indebidas en este procedimiento. Esto solo puede materializarse si se celebra el juicio, con todo el respeto a los derechos fundamentales, y con absoluto respeto a la legalidad y a la imparcialidad", ha apostillado.
También ha advertido de que va a poner a disposición de la Sala "todas las circunstancias que concurran", bien sean favorables y desfavorables, "para defender la legalidad con absoluta imparcialidad". "Si a lo largo del juicio -ha dicho-- observamos que hay que hacer modificaciones favorables para los acusados, las realizaremos. Porque es nuestra función en base al ordenamiento jurídico y la Constitución".
Por otra parte, la fiscal se ha referido a las acusaciones de contaminación del tribunal juzgador esgrimidas ayer por las defensas. Al respecto, ha señalado que la imparcialidad de la Sala "está fuera de toda duda, refrendada por sentencia del TS", al tiempo que ha aclarado que estamos ante "un juicio penal, no político": "No nos corresponde valorar cuestiones políticas", ha incidido.
En esta línea, ha indicado que "en sede judicial, todos vamos a hacer nuestro trabajo penalmente, y eso es lo que se va a enjuiciar aquí, hechos penales. En ningún momento hechos políticos, porque no corresponde a esta Sala ni a ninguna de las partes". Así, ha aseverado que "no hay ninguna duda de que los magistrados van a ejercer su función con claro respeto al ordenamiento jurídico", tanto Juan Climent -recusado por una de las defensas al alegar que había formado parte del gabinete socialista de Joan Lerma-- como los otros dos jueces.
INTERVENCIONES Y REGISTROS
Por otro lado, ha justificado tanto las detenciones de los considerados cabecillas de la trama, como las intervenciones telefónicas o la custodia de documentos intervenidos en sedes y registros domiciliarios porque "no hay irregularidades" y las mismas se ajustan a la ley, ha puntualizado.
Sobre la detención "ilegal" de los considerados cabecillas de la trama, Francisco Correa y Cándido Herrero, alegada por las defensas, la fiscal ha aseverado que es "sorprendente" que se plantee esta cuestión "después de seis años de investigaciones", lo que "demuestra la debilidad de la argumentación".
Además, ha recordado que estas detenciones fueron judiciales "y no tenían como finalidad una detención para que la policía se convirtiera en un mero ejecutor de una orden judicial. No fue eso. Fue una detención que se practicó para realizar diligencias indispensables, entre ellas, las sucesivas entradas y registros que se realizaron en multitud de domicilios de los acusados, empresas y locales. Este matiz que ha pasado intrascendente para la defensa, es esencial", ha aseverado.
En relación con las supuestas irregularidades en intervenciones telefónicas, la fiscal, que ha justificado la separación de las piezas de esta causa -hay seis--, ha afirmado que las mismas fueron ordenadas por el Juzgado Central de la Audiencia Nacional, y "no existen vulneraciones". "El TSJ de Madrid -ha agregado-- se pronunció y ratificó plenamente la validez de estas conversaciones telefónicas. Todas son acordes con la legalidad". Sobre la conversación de Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', en relación con un regalo para La Perla, que la Udef ha identificado como Milagrosa Martínez, la fiscal ha señalado que se ajustó a la legalidad y ha dicho que en un primer momento no la identificaron con la exconsellera, que fue algo posterior.
Esta abogada también ha defendido que los documentos intervenidos en registros fueron "perfectamente precintados" y estuvieron "siempre" bajo custodia policial. A su entender, "las meras insinuaciones que se han hecho sobre manipulaciones de custodia son huérfanas de dato objetivo y no merecen ni tan siquiera la menor consideración".
Por otra parte, en relación con las alegaciones de las defensas por la documentación de la causa a la que no han podido tener acceso por encontrarse en la Audiencia Nacional -donde se instruye la rama principal--, la fiscal ha indicado que "no es fácil adivinar en qué sustenta esta vulneración de derechos tan grande", al tiempo que ha agregado que "todos" han tenido "igualdad de armas procesales".
BETORET Y MAGARIÑOS
Así mismo, el ministerio público se ha referido a la cosa ya juzgada alegada por el letrado del exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) Rafael Betoret, quien se conformó con una condena de cohecho pasivo impropio en la causa de los trajes. Sobre este asunto, ha afirmado que a Betoret no se le acusa ahora de un delito de cohecho, sino "por hechos absolutamente independientes" de los que ya fue condenado. También ha recordado que la conformidad es un instrumento "básico" y admitido por el Estado de Derecho.
Por último, en relación con las alegaciones de la abogada de la exempleada de algunas empresas de la trama Gürtel, Mónica Magariños, asignada hace un mes desde el turno de oficio, ha señalado que "tiene que representar" a la acusada y "tiene a su disposición todo el material probatorio". "Las incidencias o recursos con el Icav -por ser contraria la letrada a esta representación-- tendrán que seguir su cauce, pero no pueden seguirse en este proceso. No son cuestiones de prejudicialidad y no hay una indefensión real".
