La tierra es una de las causas profundas del conflicto colombiano y como tal ha dado lugar a violaciones de los Derechos Humanos que por su carácter sistemático y generalizado constituyen un crimen contra la Humanidad con guerrillas, paramilitares y fuerzas de seguridad como brazos ejecutores, según ha denunciado Amnistía Internacional.
"La violenta lucha para controlar el territorio por motivos económicos, militares y políticos, unida a los altos niveles de pobreza y a la elevada concentración de la propiedad de la tierra ha sido una de las causas fundamentales del conflicto armado que desde hace 50 años azota Colombia", ha señalado la ONG.
El campo colombiano es objeto de deseo para guerrillas, paramilitares y fuerzas de seguridad por su gran valor estratégico en el contexto de una guerra interna, pero también para los poderes políticos y económicos, que ven en las tierras colombianas una fuente de riqueza para la industria agraria y los macroproyectos de infraestructuras.
La constante pugna por el territorio ha dejado a lo largo de los años un trágico balance: seis millones de desplazados, algunos cientos de miles a países vecinos, de los cuales el 93 por ciento procede de zonas rurales.
Aunque "los motivos por los que las personas se ven forzadas a huir son variados, el factor predominante es el conflicto armado", que ha dejado seis millones de víctimas, incluidos 220.000 homicidios y 35.000 desapariciones forzadas, solo entre 1985 y 2012, cuando comenzó el diálogo de paz.
La ONG subraya "la responsabilidad directa" de las fuerzas de seguridad en las violaciones de los Derechos Humanos, que se ha traducido, entre otras cosas, en más de 4.000 casos de ejecuciones extrajudiciales. Destaca también su "connivencia" con grupos paramilitares, a los que ha utilizado para "ejecutar tácticas de guerra sucia".
Además, ha alertado de que el antiguo papel representado por los grupos paramilitares en el conflicto armado, que en su mayoría se desmovilizaron en 2003, ha sido ocupado por las bandas criminales (bacrim), a pesar de que "el Gobierno no las reconoce como parte" en la guerra interna.
Sin embargo, "gran parte del desplazamiento forzado se diseñó para facilitar el acaparamiento por parte de grandes terratenientes y poderosos empresarios, muchos de ellos vinculados a grupos armados, especialmente paramilitares, así como de narcotraficantes".
LAS VÍCTIMAS: MUJERES Y NATIVOS
Todo ello ha llevado a que "el índice de desplazamientos forzados en el país sea uno de los más altos del mundo". "Se trata de un fenómeno sistemático y generalizado que constituye un crimen contra la Humanidad", ha denunciado Amnistía Internacional.
"La adquisición ilegal de la tierra ha traído consigo una plétora de abusos contra los Derechos Humanos ideada para sembrar el terror con el fin de hacer huir a personas e incluso a comunidades enteras".
Entre los grupos más vulnerables están las mujeres. "Corren un riesgo mucho mayor de sufrir abusos" tales como "esclavitud y explotación sexual y prácticas forzosas de esterilización, aborto, embarazo y desnudez". Además, tras abandonar sus hogares se enfrentan a un estigma social por el que "pueden verse obligadas a prostituirse".
Las comunidades indígenas y afrodescendientes, que son "sujetos de especial protección constitucional" en Colombia, son otros de los grandes damnificados porque "para ellos la tierra es el recurso más importante a la hora de hacer realidad sus derechos económicos, sociales y culturales". "Si no tienen acceso a la tierra, no pueden disfrutar de muchos Derechos Humanos", advierte la ONG.
"Los defensores de los Derechos Humanos, incluidos los líderes comunitarios y sindicalistas, también siguen enfrentándose a graves peligros". El año pasado más de 70 fueron víctimas de homicidio y más de 200 sufrieron amenazas. El objetivo es instaurar "un clima de terror" y, llegado el caso, descabezar a las comunidades rurales.
PÉRDIDA DE LA TIERRA
La finalidad de todas estas violaciones de los Derechos Humanos es despojar de la tierra a sus legítimos propietarios para servir a intereses militares, políticos o económicos. Se trata de "un robo de tierras a gran escala" en el que "cuando familias o comunidades se ven obligadas a huir, los actores armados o de otro tipo sencillamente ocupan sus tierras".
La tierra se ha adquirido ilegalmente por diversos medios: algunos de ellos "violentos", con homicidios, secuestros y amenazas; "presiones económicas", como la destrucción de cosechas o el bloqueo del agua; presiones sociales, como las repoblaciones con forasteros; o "la asignación irregular de tierras estatales por parte de funcionarios corruptos".
Hay que tener en cuenta que "el problema de la propiedad de la tierra ha sido especialmente difícil de resolver a causa de la informalidad". "Menos de la mitad de los campesinos tiene títulos legales de propiedad de sus tierras y la mayoría de la tierra se compra y se vende de forma irregular".
La consecuencia directa de estas acciones es que "la concentración de la propiedad de la tierra en Colombia sea una de las más altas del mundo: poco más de un uno por ciento de los propietarios poseen más de la mitad de las tierras, mientras que los pequeños propietarios, en su mayoría campesinos pobres, que suman las tres cuartas partes de los propietarios de tierras, ocupan poco más del diez por ciento".
RESTITUCIÓN DE TIERRAS
En este contexto, "durante los últimos 50 años ha habido varios intentos por parte de los gobiernos colombianos de abordar el problema" mediante programas de restitución de tierras, vivienda y bienes, que han fracasado debido a la falta de estrategias de protección complementarias para impedir nuevas violaciones de los Derechos Humanos.
El último de estos esfuerzos es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aprobada por el Gobierno de Juan Manuel Santos para "devolver a sus legítimos ocupantes algunas tierras adquiridas ilegalmente" y regularizar su situación, "así como para proporcionar otras formas de reparación a algunas víctimas del conflicto".
La también conocida como Ley 1448 "dispone que el proceso de restitución de tierra se implementará de forma progresiva, teniendo en cuenta la situación de seguridad, a lo largo de diez años y en zonas geográficas específicas de las que quedan excluidas los territorios de indígenas y afrodescendientes y las reservas forestales".
La principal crítica a esta ley es que realiza una jerarquización de las víctimas que solo permite la restitución de tierras a aquellas que fueron despojadas a partir de 1991. Las comprendidas entre 1985 y 1991 solo tienen derecho a una indemnización económica y las anteriores a 1985 a "una reparación simbólica".
Dentro de las víctimas, persiste la discriminación por género, ya que, "a pesar de participar activamente junto a los hombres en el trabajo de la tierra, las mujeres rara vez constan como propietarias" y en los procesos de restitución se les obliga a demostrar su relación con el varón, presunto propietario, para poder recuperar la tierra.
Otro obstáculo es la falta de garantías de seguridad para evitar que quienes regresan a sus tierras se vean despojados de nuevo. Según Amnistía Internacional, entre 2011 y 2012 han surgido los llamados "ejércitos antirrestitución" al servicio de grandes intereses.
También persiste el desafío de trabajar la tierra. Muchas zonas "han quedado arrasadas por el conflicto" y otras "están en malas condiciones tras años de desatención o han sufrido daños ambientales a causa de la presencia de industrias".
Así, aunque "el proceso de restitución de tierras, aunque supone un importante paso adelante en los esfuerzos por respetar el derecho de las víctimas a la reparación integral, aún se enfrenta a numerosas dificultades".
