El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dará a conocer en breve un plan de fondo para evitar que se repitan hechos como la presunta masacre de 43 estudiantes 'normalistas', que fueron atacados y entregados por policías a criminales en la localidad de Iguala, en el sur del país.
El mandatario se encuentra bajo presión después de que el caso de los estudiantes pusiese en evidencia las fallas de seguridad y justicia del país, además de revelar la galopante impunidad que reina en el sureño estado de Guerrero, donde tuvo lugar la desaparición de los jóvenes.
"Lo que vamos a convocar implica un esfuerzo colectivo del Congreso, de la sociedad, de su participación para encontrar una mejor ruta que nos permita que estos eventos y condiciones como las que propiciaron lo ocurrido (...) no se repita", ha dicho el presidente el martes.
El presidente Peña Nieto no ha dado más detalles del plan, aunque ha aclarado que implicará acciones para evitar que el crimen organizado se infiltre, sobre todo, en Gobiernos locales débiles.
Legisladores han añadido que el plan incluye la puesta en marcha de mecanismos para que los municipios del país concreten un viejo plan para ceder el mando de sus policías a un mando único en cada uno de los 32 estados del país. Actualmente cada municipio tiene su propia policía, que a menudo está mal pagada y es blanco fácil de la infiltración de las bandas del narcotráfico.
Los estudiantes 'normalistas', pertenecientes a una escuela rural de magisterio de Ayotzinapa, desaparecieron en Iguala, después de que el por entonces alcalde del municipio José Luis Abarca ordenara a su policía detenerlos para que no irrumpieran en un acto público de su esposa.
Los agentes los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos quienes los habrían asesinado y quemado, según la fiscalía federal. Sin embargo, las investigaciones no han arrojado una conclusión definitiva de lo que sucedió y los familiares siguen reclamando su devolución con vida.
El jefe del Senado, Miguel Barbosa, del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), ha indicado que las medidas se van a enfocar en la coordinación de la cadena de mando en la policía, así como en mejoras al sistema penal y el acceso a la justicia.
Por su parte, Ricardo Pacheco, un legislador del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien encabeza la comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, ha añadido que el plan busca darle al Estado más poder para combatir el crimen organizado y la violencia.
En México sólo un 2 por ciento de los crímenes reciben alguna condena y pese a numerosas acusaciones en contra de funcionarios mexicanos de alto nivel en cortes de Estados Unidos, muy pocos de ellos han tenido que afrontar investigaciones dentro de las fronteras del país.
En 2008, el Congreso aprobó una reforma que buscaba modernizar el sistema judicial y estableció que en el 2016 todos los estados del país dejarían de llevar a cabo juicios a puertas cerradas y pondrían en marcha procesos orales donde fiscales y defensores presentaran pruebas. Sin embargo, a menos de dos años para que se cumpla el plazo, sólo un puñado de estados han implementado completa o parcialmente las medidas.
