La portavoz del Ayuntamiento de Sanlúcar, Milagrosa Gordillo, ha anunciado que el Consistorio está estudiando tomar medidas legales para subsanar los posibles perjuicios que se hayan derivado del incumplimiento, por parte de la Fundación Profesional para el Empleo (Forpe) del convenio firmado en el año 2010 por el que la entidad se comprometía a la creación en Sanlúcar de un centro de formación “de referencia”.
Según ha explicado Gordillo, el Ayuntamiento de Sanlúcar firmó un acuerdo en el que se sentaban las bases para que la Fundación llevara a cabo en las instalaciones de la residencia Jesús Maestro un centro de formación para la impartición de cursos de FPO. “Las acciones formativas no se han ejecutado, el expediente que se inició para la concesión administrativa ha caducado, por lo que el propio acuerdo ha quedado prácticamente sin vinculación para el Ayuntamiento”, argumentó.
COLABORACIÓN
Gordillo precisó además que el Consistorio no ha recibido requerimiento alguno por parte de la justicia para aportar documentación al caso que está siendo investigado por un juzgado de instrucción de Algeciras. Con todo, la portavoz municipal afirmó que “colaboraremos con la justicia porque somos los primeros interesados en aclarar todo lo necesario”.
En este sentido, la responsable municipal explicó que el Ayuntamiento de Sanlúcar ha firmado en los últimos años con varias entidades y fundaciones convenios para la impartición de cursos de FPO. “En una apuesta clara de este Gobierno municipal por la formación, ampliamos la Sala del Agua para impartir allí cursos y hemos firmado convenios con entidades que colaboran con la Administración y que prestan estos cursos de forma gratuita”. Así, el papel del Ayuntamiento en estos casos es el de ceder, tal y como señaló Gordillo, las instalaciones municipales que posibilitan que estos cursos se hagan con todas las garantías y que las aulas estén homologadas por la Junta de Andalucía para que puedan formarse desempleados, y especialmente, aquellos con problemas de inserción laboral.
“En ningún caso el Ayuntamiento solicita subvenciones ni las gestiona, simplemente colabora cediendo el espacio para dar estos cursos, pero no maneja ningún tipo de fondos”, rescalcó la portavoz del Gobierno municipal. En concreto, con la Fundación Forpe, investigada ahora por la justicia, el Ayuntamiento de Sanlúcar firmó dos convenios y un acuerdo. En los convenios el Ayuntamiento ponía a su disposición distintas instalaciones municipales para que se hicieran distintos cursos de formación. Una vez concluyeron los cursos, estas aulas retornaron al uso municipal y se han destinado a otras necesidades.
En el caso del acuerdo bajo sospecha, se iniciaba la tramitación para la concesión a la Fundación de las instalaciones de la residencia Jesús Maestro. Sin embargo, allí nunca se llegó a realizar ningún tipo de adecuación de las aulas ni a impartir cursos, por lo que, de existir menoscabo para el Consistorio y los ciudadanos, Gordillo avanzó la personación del Ayuntamiento en el caso para defender sus intereses.
