La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha acogido hoy la declaración de un nuevo testigo que asegura que se reunió con el empresario onubense Manuel Díaz Calo el 2 de octubre pasadas las 13:30 horas, horas después del momento en que la autopsia fijó su muerte.
El testigo ha precisado que el encuentro tuvo como objeto el alquiler de una vivienda por su parte al asesinado y ante las reiteradas preguntas tanto de la Fiscalía como de la propia presidenta del tribunal, Carmen Orland, sobre la certeza en la fecha del encuentro ha insistido en que "no tenía dudas" de que fue el 2 de octubre.
El testimonio de esta persona viene a sumarse al del jardinero del empresario quien, también ante el plenario, manifestó que el 2 de octubre sobre las 11:00 también lo vio en su vivienda en el momento en el que ambos iban a abandonar la finca.
Estas declaraciones contrastan con la data de muerte aportada por la autopsia y reflejada por la Fiscalía en su escrito de acusación, que la fija en la tarde noche del 1 de octubre.
En la sesión de hoy también han prestado declaración, a puerta cerrada, los testigos protegidos, cuyos testimonios fueron señalados por la Guardia Civil como "claves" para la detención de los acusados.
En el banquillo se sientan I.T., I.M. y F.A.M., considerados por la Fiscalía como los autores del asesinato, al ser los que entraron en la vivienda del empresario en Sanlúcar, lo amordazaron y amarraron, y lo golpearon hasta la muerte tras negarse a decirles la combinación de la caja fuerte, para los que la Fiscalía solicita 21 años y 11 meses de cárcel por un delito de asesinato, otro de robo con violencia e intimidación y un último de allanamiento de morada.
Junto a ellos, dos hermanos, que supuestamente participaron en el robo pero no en el asesinato al permanecer fuera de la vivienda mientras los otros tres entraban y otras dos personas consideradas por el fiscal cooperadores necesarios al ser quienes presuntamente informaron al grupo de las costumbres y la situación de la vivienda del empresario.
Estos cinco se enfrentan a tres años y dos meses de prisión por los delitos de robo con violencia o intimidación y allanamiento de morada.
