El tiempo en: Punta Umbría

Cádiz

Rodríguez de Castro, exdelegado de la zona franca, recurrirá la sentencia del 'caso Rilco'

La defensa del exdelegado de la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que le condena a ocho años de cárcel por el 'caso Rilco'

Publicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai
Andaluc�a Informaci�nPublicidad AiPublicidad Ai
Publicidad Ai
Publicidad Ai
Publicidad Ai Publicidad Ai
  • El exdelegado de Zona Franca

La defensa del exdelegado de la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que le condena a ocho años de cárcel por el 'caso Rilco'.

   Así lo han confirmado a Europa Press desde el despacho de abogados del letrado que representó a Rodríguez de Castro durante el juicio. Cabe recordar que el exdelegado de la Zona Franca de Cádiz ha sido el único condenado en este procedimiento, concretamente a ocho años de cárcel y 30 años y dos días de inhabilitación por delitos de fraude, malversación y prevaricación.

   Como consta en la sentencia, de más de cien folios, han sido absueltos el resto de acusados en el 'caso Rilco': el también exdelegado de la Zona Franca Miguel Osuna, el matrimonio compuesto por Germán y Camila Leiva --titulares de Miami Free Zone, adjudicataria en un primer momento de Rilco-- y el exdirector general de Rilco Rafael Ortiz.

   El juicio se inició el pasado 24 de mayo en la Sala Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz y quedó visto para sentencia después de once sesiones.

   Las acusaciones, ejercidas por el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado en nombre de la Zona Franca y el PSOE como acusación popular pedían para Rodríguez de Castro diez años de cárcel por un supuesto delito continuado de fraude por obtención de ayuda de las administraciones públicas ocultando las condiciones que lo hubiesen impedido, otro delito de fraude, uno de prevaricación administrativa cometido por autoridad pública y un delito continuado de malversación de caudales públicos.

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN