Está en su derecho y en su obligación el alcalde de Chiclana de exigir a la Junta de Andalucía que cumpla lo que se encuentra escrito en el convenio para la construcción del Tranvía Metropolitano de la Bahía por el tramo urbano de la ciudad, por cuanto la Administración autonómica ya ha dado sobradas muestras de todo tipo de incumplimientos en la ciudad vecina que ha sufrido y sigue sufriendo las consecuencias de una gestión que ha hecho aguas desde el mismo día que comenzaron los trabajos.
O sea, que es una obviedad que la Junta, al día de hoy, no está en condiciones de asegurar que las muchas molestias que va a provocar la construcción del tramo por el centro de Chiclana no van a desembocar en un completo desastre, porque por ahora el aval con el que cuenta dice todo lo contrario.
Y en cuanto a la revisión del artículo 3 de convenio en el que carga sobre las arcas municipales el coste de las infraestructuras que se vean afectadas -en San Fernando la cifra sube los siete millones de euros- y la construcción de los aparcamientos disuasorios, podría decirse que el Ayuntamiento es poco serio pidiendo ahora lo contrario de lo que se firmó antes, aunque fuera por otro gobierno, pero también es cierto que las circunstancias económicas han cambiado y que la propia Junta, en San Fernando, está incumpliento todos los compromisos compensatorios aduciendo falta de dinero.
