Ante una representación de alcaldes, portavoces municipales del PSOE en la provincia y bajo el monumento a las Cortes de Cádiz, la secretaria provincial del PSOE de Cádiz, Irene García, acompañada por el secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, y miembros de la Ejecutiva provincial, ha leído un manifiesto en defensa de la democracia local y reclamando la retirada del anteproyecto para la reforma de la administración local, que entienden que "contraviene la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía y podría "acabar en el BOE sin consenso".
En declaraciones a los periodistas antes de proceder a la lectura del manifiesto, García calificado de "atentado" y de "grave ofensa para todos los ayuntamientos y entidades locales autónomas" el anteproyecto, que tendrá "una grave repercusión en la provincia".
Los socialistas "desmienten absolutamente" que, tal y como dice el PP, esta reforma suponga "ahorro alguno", ya que, según su interpretación, si se aprueba el texto, en la provincia gaditana "abriría la posibilidad a permitir un mayor número de liberados y también sueldos más altos para los alcaldes de grandes ciudades".
En este sentido, expone que Chiclana podría, por ejemplo, aumentar de 12 a 15 sus liberados; que Jerez podría elevar sus 15 hasta hasta 18 y en Cádiz, donde existen diez liberados, podrían incrementarse hasta los 18.
Considera, además, que la ley ampararía que los alcaldes 'populares' de El Puerto y Chiclana, que indica que cobran 52.364 y 56.732 euros, respectivamente, pudieran alcanzar los 75.000; y que la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (PP), "aunque cobra 66.000 euros pro el Senado, si quisiera podría recibir de su Ayuntamiento hasta un total de 80.000 euros".
"Todo ello generará mayor gasto, indudablemente", asegura la secretaria general del PSOE gaditano, que se pregunta "de dónde habrá sacado las cifras de ahorro para la provincia el PP", máximo cuando "el número de asesores podría multiplicarse por cuatro, el sueldo de los alcaldes de grandes ciudades puede subir muchísimo y sin embargo, un alcalde de un pueblo de 1.500 habitantes, que es igualmente un representante público, no puede cobrar", lo que califica de "aberración democrática".
