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Viernes 05/07/2024  

Cádiz

La Junta de Andalucía paga 5,7 millones de euros a entidades sociales, proveedores y beneficiarios de ayudas en Cádiz

El delegado del Gobierno andaluz valora que el plan de pago de la administración permite activar la economía de las empresas acreedoras

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La Junta de Andalucía ha abonado el 31 de octubre 5.750.766,38 euros a entidades sociales, personas beneficiarias de ayudas de protección social y distintos proveedores de la administración autonómica.

El delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, destaca que este dinero permite activar la economía de aquellas empresas que estaban pendientes de cobrar estas cantidades, así como ir cumpliendo paulatinamente con el plan de pago a proveedores de la administración autonómica.

El mayor montante económico, 4.852.572,90 euros corresponde a facturas de proveedores de la administración con vencimiento el 30 de septiembre de 2012. El último abono fue el 12 de septiembre de 2012 con facturas fiscalizadas hasta el 30 de junio de 2012. Entre los proveedores de la Junta se encuentran servicios de limpieza, seguridad y suministros diversos.

También figura la Zona Franca de Cádiz por alquileres, servicios documentales y otros conceptos económicos. En la última reunión que ambos responsables mantuvieron a finales de octubre, el delegado del Gobierno se comprometió con el delegado del Estado en el recinto fiscal, Jorge Ramos, a agilizar estos desembolsos.

Por otro lado, parte importante ha sido para beneficiarios de ayudas individuales para personas con discapacidad (transporte, prótesis dentales, auditivas, oculares), ayudas para personas mayores (prótesis dentales) y subvenciones a diferentes colectivos y asociaciones sin ánimo de lucro dedicadas a programas sociales como, por ejemplo, la prevención de las drogodependencias.
En total, se han abonado 843.794,65 euros correspondientes a ayudas fiscalizadas hasta el 30 de abril de 2012.

López Gil admite que aún quedan deudas pendientes, pero espera que el plan que está llevando a cabo la Junta de Andalucía permita cancelarlas en el menor tiempo posible.

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