El sindicato CC.OO. ha denunciado la involución del derecho de libertad sindical que supondrá la reforma legislativa del Código Penal en la que el Gobierno suprimirá la exención penal de partidos y sindicatos.
En un comunicado, CC.OO. explica que la aplicación de esta medida permitirá imputar una responsabilidad penal a la organización convocante, promotora o "beneficiaria" de un acto en el que se produzcan unos hechos determinados.
Esta imputación puede suponer importantes multas económicas e incluso la intervención o disolución de la organización, la clausura de locales, la suspensión de sus actividades, la prohibición de realizar otras actividades o la intervención judicial.
Así, afirma el sindicato, se abre la puerta a que se disuelvan las organizaciones sindicales, se les incauten sus bienes o se clausuren sus actividades a través de la imputación de cualquier práctica delictiva cometida en huelgas, piquetes o manifestaciones, no ya por sus órganos de dirección, sino por sus afiliados o simples simpatizantes.
Según CC.OO., no es cierto que los sindicatos tuvieran reconocida cierta impunidad, ya que son responsables civiles de las consecuencias económicas y la reparación de los daños cometidos por personas que actúen de acuerdo con los criterios de los órganos de dirección y representación.
Igualmente, asumen la responsabilidad correspondiente en el ámbito de las infracciones en materia fiscal o de gestión de subvenciones, al tiempo que pueden ser responsables en el ámbito penal si el órgano judicial considera que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores para eludir una eventual responsabilidad penal.
CASTIGO POR LA HUELGA
CC.OO. denuncia también que en la regulación que propone el Gobierno se excluyen al conjunto de las entidades del sector público, incluidas las sociedades mercantiles de capital mayoritario del Estado, a pesar de la "enorme cantidad de ejemplos" de prácticas delictivas realizadas por representantes públicos.
Finalmente, cree que se trata de una "retorsión" contra los sindicatos por haber convocado una huelga general para el 14 de noviembre, lo que constituye un "claro ejemplo de abuso para restringir la libertad sindical". "Se trata de una regulación profundamente antidemocrátiva y anticonstitucional", concluye.
