La provincia de Huelva registró un total de 70 expedientes de regulación de empleo (EREs) desde que entró en vigor la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP el pasado 12 de febrero, de forma que se han multiplicado por cuatro respecto al mismo periodo de 2011, cuando se computaron 18. Los 70 expedientes afectan a un total de 533 trabajadores con distintos efectos, ya sea extinguiendo la relación laboral, suspendiéndola, reduciendo la jornada de trabajo y el salario o combinando las dos últimas medidas.
El delegado de Empleo en Huelva, Eduardo Muñoz, valoró ayer que la previsión indica que los EREs se van a disparar antes de que termine el año debido a los recortes que el Gobierno central está aplicando y, sobre todo, a la facilidad con que la reforma laboral impuesta por el PP permite eliminar derechos a los trabajadores, ya que abre la puerta a que estas medidas se ejecuten por decisión unilateral del empresario, independientemente de que se llegue a acuerdo o no con los representantes de los empleados en el periodo de consultas previo y haciendo innecesarias las autorizaciones administrativas.
Por ello, Muñoz reclamó tanto a empresarios como a trabajadores que busquen el mayor consenso posible antes de adoptar medidas de este calado y recordó que existen alternativas que no pasan por exigir mayor sacrificio al empleo, tal y como demuestra el aumento salarial recientemente acordado en el sector del comercio de alimentación.
En concreto, en los últimos cinco meses se tramitaron 31 EREs que han conllevado una reducción de jornada y salario de 135 trabajadores, lo que multiplica casi por ocho los presentados en ese periodo en 2011. Los que suspenden la relación laboral se han duplicado hasta sumar 25 expedientes que afectan a 208 trabajadores, en tanto que nueve han sido extintivos e implicaron a 141 empleados, frente a uno que hubo el pasado año. Por último, los que combinan suspensión y reducción se han multiplicado por cinco y han recaído sobre 49 trabajadores.
Requisitos más suaves
Muñoz recordó que la reforma laboral del PP ha suavizado considerablemente los requisitos para presentar un ERE por causa económica, sobre todo en el despido colectivo.
Así, antes de la nueva normativa, la empresa debía acreditar una disminución persistente de su nivel de ingresos a través de las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios económicos completos así como las cuentas provisionales del vigente, en tanto que en la actualidad basta con contemplar una disminución persistente del nivel de ingresos o ventas en tres trimestres consecutivos.
