El Pleno ordinario celebrado ayer estuvo marcado por los desencuentros entre la oposición y el equipo de Gobierno, las continuas llamadas de atención al público que, en distintos puntos, intervino para contradecir lo que se decía, y por asuntos polémicos.
Uno de los puntos polémicos fue el relativo al piso asistido. Al final del debate, el alcalde, Enrique Moresco, en su turno como presidente de la sala, invita a PSOE e IU, ahora que regentan la Junta, a reabrir el piso asistido, confirmando que se les cede el suelo y que “la recolocación” de las 16 trabajadoras es “imposible”. Por otro lado aclara que “no vamos a rebajar la política social, pero transferiremos las medidas que no nos correspondan”, no sin obtener los reproches y abucheos de la plantilla, sentada en el público, aunque alguna fuera expulsada del salón de plenos.
El equipo de Gobierno se abstuvo en este punto, mientras que una trabajadora, en nombre de sus compañeras, confirma que este recursos lleva diez años en marcha, habiendo pasado 60 personas mayores y tres concesionarias, con las que se ha conseguido el sello de calidad y que los mayores estuvieran como en casa. No deja pasar que “en la reunión con el alcalde mostró su desconocimiento, pues pensaba que éramos de Cruz Roja.
Al igual que la oposición, se muestran “humilladas”, puesto que “han hecho una campaña electoral engañosa”, de cara a las elecciones autonómicas, ya que confirman que se les indicó que este servicio no se cerraría, como así lo confirman los concejales de IP, PSOE e IU, lo que les dio ciera tranquilidad.
Suvipuerto
Al igual que ya lo mostrara en el punto relativo al plan de ajustes de Suvipuerto que afecta a los inquilinos de las viviendas municipales, Silvia Gómez, portavoz de IP, plantea “un paralelismo entre el piso asistido y Suvipuerto”, pues enumera que tienen el mismo número de trabajadores, “cuestan lo mismo, ¿por qué no se plantea el cierre de Suvipuerto, con la reubicación de la plantilla? Con el coste de la gerente, 73.000 euros, se tendría para cubrir el IBI que quieren repercutir en los vecinos”.
Elías Py, por el Foro Social, sigue pidiendo una reunión con la concejal de Bienestar Social, Mariola Tocino, que sigue defendiendo la actuación realizada y el procedimiento, pues la recolocación se ha llevado con éxito, a pesar de que las trabajadoras denuncian que hoy se quedan sin la limpiadora, y ayer sin la cocinera, lo que supone “una asfixia”. E insiste en conocer las cuentas del piso asistido, pues se ha financiado “con dinero de los portuenses”.
El plan de ajuste de Suvipuerto, que pretende repercutir el IBI a los inquilinos, subir el alquiler y aplicar reducciones en la renta en situaciones límite, también fue un punto con pancartas desde el público y con cierto malestar hacia los componentes del Gobierno local, en especial con el responsable de Vivienda, Antonio Jesús Ruiz.
Los inquilinos entienden que las medidas “son una cacicada”, destacando que “no vamos a pedir permiso a Suvipuerto para subsistir”.
Ruiz defiende la gestión realizada indicando que la mayoría de los contratos se han renovado entre 2010 y 2011, por lo que hasta dentro de unos cuatro o cinco años no se plantearán las subidas, algo que inquieta igualmente al edil socialista David de la Encina. Así, indica que en la Bajamar se pagan 68, y se pagarán 115; en Crevillet se pasará de 80 a 140; en Santa María de la Cabeza, de 88 a 147; en Valdés, de 45 a 150; en Santa Fe, de 100 a 152; en San Juan, de100 a 150 y en Larga, de 150 a 180. Por otro lado explica que “hay inquilinos con ingresos y otros que no, los que tienen ingresos destinarán el 10% a pagar la vivienda”, pero reafirma que “nadie en una vivienda municipal será desahuciado”. Y en cuanto al IBI, considera que si lo hace la Junta en sus viviendas sociales, el Ayuntamiento también lo hará, aunque De la Encina resuelve que “en ninguna ciudad donde el Consistorio no cobra el IBI la Junta lo cobra”.
El concejal socialista entiende que “antes de hablar del cierre de Suvipuerto deberíamos entender que es pública y social y el debate es reorientar su objetivo y que no sea una inmobiliaria”.
La portavoz de IU, Pepa Conde, es clara al respecto, “si tengo que barajar entre dar de comer a mis hijos o pagar el alquiler, dejaré de pagar”, refiriéndose a aquellas familias que apenas tienen ingresos.
Otro punto que no trajo acuerdo alguno fue el relativo a los autobuses. La plantilla, representada en el Pleno por el presidente del comité de empresa, Matías Gautier, indica que “el pliego de condiciones es cada vez más raquítico”, indicando que la situación actual de malestar y la huelga de Feria, que fueron precedidas de paros parciales en abril, tiene antecedentes en la redacción del pliego de condiciones, en que, como bien indica el edil socialista De la Encina, al no incluir los derechos adquiridos y las mejoras en dicho documento, se incluyó como un anexo, siendo un compromiso que, admiten, no se ha cumplido. La plantilla tenía intención de negociar y solicita la mesa para el convenio colectivo propio y explica que “a una familia que ingresa 1000 euros, que le quiten 120 supone mucho”.
La oposición al completo solicita a empresa y trabajadores a intentar el diálogo, aunque la plantilla sigue insistiendo en que el Ayuntamiento ha tenido posibilidad de actuar en dos ocasiones en el Sercla, sin haberlo hecho. A ello el alcalde responde que “al igual que dijera Ignacio García” cuando el conflicto de Sayse, “acudir al Sercla supone un chantaje”. Por otro lado, arremete contra la oposición, indicando que “utilizan a los trabajadores políticamente”, insistiendo, como lo hiciera Marta Rodríguez, concejal de Medio Ambiente, en que el Gobierno está para defender a los ciudadanos.
De la Encina lo tiene claro, “a la empresa se le ofrece un pliego de condiciones donde van a facturar 2.600.000 euros y después se le indica que no será así, sino menos, por lo que la empresa ataja eliminando los 120 euros, utilizando así a los trabajadores”. El asunto económico sigue sin poner de acuerdo a trabajadores y oposición por un lado y al equipo de Gobierno por otro, pues los primeros confirman que se cogió su permanencia a través de ciertos acuerdos, mientras que el segundo explica que tenían periodo de caducidad, el 31 de diciembre de 2011.
Con todo, Rodríguez alerta que la manera de proceder de la empresa es correcta, y si los trabajadores lo no entienden así, pueden acudir al juzgado de lo social a denunciar, al igual que haría el Ayuntamiento si entendiese que hubiera alguna situación que implicase dicha actuación.
La Ley de Dependencia también fue punto de inflexión. En relación a los recortes sanitarios que se están realizando, Ruiz (PA), asegura que el martes, en un encuentro que la edil de Bienestar Social y él mantuvieron con una empresa de El Puerto relacionada con esta ley, “en la que dicen que la Junta no aprueba ni un expediente”, del nuevo grado que debería estar reconocido desde el 1 de enero de 2011, como indica Tocino, asegurando que “desde verano no recibimos aprobaciones de grados”, siendo por tanto en la ciudad 265 las personas afectadas. En cambio Maria del Carmen Matiola, por el PSOE, indica que quien ha dado recursos a las personas afectadas que no tenían a qué acogerse, ha sido su partido, confirmando que el Gobierno de la Nación plantea “desde 2013 paralizar o no incorporar” casos a la ley.
