El juez de Menores mantiene desde febrero pasado en suspenso la ejecución de los embargos sobre los bienes de los padres del Cuco a la espera de que se resuelva su recurso ante el Tribunal Supremo para la unificación de doctrina, ya que ha sido la primera vez que una sentencia ha impuesto al condenado el pago de este tipo de gastos.
Hasta ahora, el abogado del Estado había delegado sus reclamaciones en el caso Marta del Castillo en la Fiscalía, pero ahora el juez de Menores ha admitido su personación para exigir la indemnización al Estado, al Ayuntamiento de Sevilla, al Ministerio de Defensa y a otras entidades que participaron en el operativo de varios meses para buscar el cuerpo de la víctima, que sigue sin ser encontrado desde su asesinato en enero de 2009.
A la espera de la resolución del Supremo, el juzgado de Menores, como encargado de ejecutar el fallo, ha dejado en suspenso todas las medidas tomadas para asegurar el pago, que se centraron sobre los bienes de los padres del Cuco ya que el menor está declarado insolvente.
El abogado del menor, Fernando de Pablo, argumentó que se trata de una medida "irreversible", que luego puede ser anulada si el alto tribunal acoge su recurso contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla que le impuso el pago de la búsqueda del cuerpo de Marta.
En octubre del 2011, la Audiencia confirmó la sentencia del juzgado de Menores que absolvió al Cuco de la violación y muerte de la joven pero le impuso dos años y once meses por encubrir el homicidio cometido por su amigo Miguel Carcaño.
El juez de Menores no impuso al Cuco el pago de la búsqueda del cuerpo, aspecto que fue modificado por la Audiencia al imponerle el abono de 414.908 euros, cantidad en que se fijó la búsqueda en el Guadalquivir.
La Audiencia no le impuso el pago de la búsqueda posterior en un vertedero de basuras y en un descampado, que ascendió a un total 616.319 euros, ya que esos lugares fueron inspeccionados tras sendas declaraciones de Carcaño o de la chica de 15 años que entonces era su novia, pero no del Cuco.
Por su parte, la sentencia de la Audiencia de Sevilla que juzgó a los cuatro acusados mayores de edad, y que en enero pasado condenó a veinte años de cárcel a Carcaño por asesinato, sí que le impuso pagar los 616.319 euros que costó la totalidad de la búsqueda.
Fernando de Pablo ha elevado un recurso de unificación de doctrina ya que existen dos sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, entre ellos la referente al asesinato de la joven Rocío Wannikhof, que no impusieron a los condenados la búsqueda de sus víctimas pese a que también se emplearon "costosos medios" en circunstancias similares al caso Marta.
