La patronal CEOE, por boca del presidente de su Comisión de Economía, José Luis Feito, ha resucitado un viejo debate: el de qué hacer cuando un parado rechaza una oferta de empleo. Para ello, Feito se ha servido de los países escandinavos, donde retiran la prestación al desempleado que diga 'no' a una oferta aunque ésta se encuentre lejos de su lugar residencia (ahí es donde entra la ya polémica frase ¡Como si es en Laponia!).
El autor de esta frase ha querido aclarar este martes las cosas y ha dejado en el tintero nuevas impresiones para la reflexión. Entre ellas, la de que muchas de las ofertas de empleo (ha llegado a decir que probablemente el 80%, aunque luego le ha quitado hierro a la cifra) se rechazan porque el puesto de trabajo ofertado implica el desplazamiento del trabajador entre comunidades, entre ciudades de la propia comunidad o incluso entre barrios de una misma ciudad.
En una España con 5,3 millones de parados, cifra que seguirá en aumento a lo largo de este año, las oportunidades laborales escasean y son muchos los que más que mirar dentro, miran fuera.
Numerosos estudios así lo acreditan y hay un dado que no deja lugar a dudas: por primera vez en la última década, en 2011 salieron más personas de España de las que entraron (507.740 frente a 417.523), una tendencia que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), proseguirá hasta 2020.
Según un informe de Adecco, más de 300.000 españoles han emigrado en busca de trabajo desde el inicio de la crisis por la situación del mercado laboral, el incremento continuado del desempleo o la alta calidad de ofertas de trabajo de países como Argentina, Francia o Alemania.
De acuerdo con este informe, la mitad de los españoles que emigran elige el continente europeo como destino, aunque también se buscan oportunidades en países latinoamericanos. Los que optan por abandonar España suelen ser jóvenes, de entre 25 y 35 años, sin responsabilidades familiares y con una elevada cualificación.
Efectivamente, los jóvenes son los más dispuestos a moverse por un trabajo. Otro estudio, esta vez de Randstad, apunta que dos de cada tres jóvenes españoles de 18 a 25 años, en concreto el 65%, estaría dispuesto a cambiar de país para conseguir un trabajo.
También es elevado el porcentaje de trabajadores de 26 a 40 años que se mudarían a otro país por un empleo (61%). Según Randstad, entre los de 41 y 55 años, la mitad se iría fuera de España para conseguir un puesto de trabajo, mientras que sólo uno de cuatro trabajadores con edades próximas a la jubilación cambiarían de país por un empleo.
Respecto a 2010, el porcentaje de las personas en edad de trabajar dispuestos salir de España en busca de una oportunidad de trabajo ha aumentado 18 puntos, desde el 42% al 60%, sobre todo por la difícil situación económica del país. Según Randstad, el perfil de los interesados en trabajar fuera de España se corresponde con el de un varón en paro, de entre 18 y 25 años.
MÁS DE MEDIO MILLÓN DE MOVIMIENTOS ENTRE COMUNIDADES.
La movilidad laboral siempre ha sido una asignatura pendiente de la economía española. La tasa de movilidad laboral interprovincial se situó a finales de 2008 en el 12,5%, apenas unas décimas por encima de la de 2007, en tanto que la tasa interautonómica subió una única décima, hasta el 8,2%.
De acuerdo con los últimos datos de migraciones interiores del INE, en 2010 se produjeron 583.695 movimientos migratorios en el interior del país, un 1% menos que en 2009. El saldo migratorio interautonómico (diferencia entre los que vuelven y los que van) fue negativo en ocho comunidades en 2010, especialmente en Canarias y Andalucía, regiones que vieron marchar más población de la que recibieron.
Son precisamente estas comunidades donde la tasa de paro es más elevada, con un 31,2% en el caso de Andalucía y un 30,9% en el caso de Canarias. Por su parte, entre las que presentaron un saldo migratorio positivo, Castilla-La Mancha, País Vasco y Navarra fueron las que más destacaron, al marcharse menos población de la que entró.
La reforma laboral recientemente aprobada por el Gobierno incluye medidas para favorecer tanto la movilidad laboral funcional como geográfica. Así, la norma posibilita que las empresas puedan trasladar geográficamente a sus trabajadores por razones técnicas, económicas, organizativas o de producción, considerando como tales las relacionadas con la competitividad, la productividad o la organización del trabajo.
La decisión del empresario de trasladar al trabajador deberá comunicarse con al menos 30 días al trabajador, según el texto de la reforma, y en caso de no aceptar el cambio, el trabajador abandonaría la empresa con una indemnización por despido de 20 días por año trabajado, con un año de salario como máximo. Si acepta pero no está conforme con la situación, podrá recurrir la decisión del empresario.
La reforma establece además que en caso de que el desplazamiento afecte al menos al 10 trabajadores en empresas de menos de 100 empleados, se abrirá un periodo de consultas, que será notificado a la autoridad laboral.
Si después del periodo de consultas, sustituible por un proceso de mediación o arbitraje, hay desacuerdo entre las partes se podrá recurrir ante el juez. Además, la norma sugiere que se establezcan colectivos prioritarios de permanencia, como las personas con cargas familiares, los trabajadores mayores o las personas con discapacidad.
