En un auto dictado el pasado día 17 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Alaya acuerda que se investigue también la participación del imputado, "en función del cargo que desempeñaba, en la asunción generalizada por parte de la Junta de los compromisos de financiación de las prejubilaciones", extremo del que, "de forma extrañamente normalizada, se partía en los ERE objeto de las presentes actuaciones". "Existen indicios de que Rivas, con motivo del desempeño de su cargo, ha podido cometer actuaciones ilícitas", asevera la instructora.
El pasado 16 de abril, la juez dictó un auto en el que ordenó a la Policía Judicial --encargada por aquel entonces de la investigación-- que investigara el patrimonio, entre otros imputados, de Antonio Rivas y de sus familiares, asegurando entonces que Rivas "ha autorizado un buen número de ERE en los que se han detectado falsos trabajadores, entre los que destaca especialmente el ERE de Mercasevilla de 2007, que fue autorizado por las mismas causas económicas y organizativas que el ERE de 2003, no habiendo apreciado dolo, fraude ni la menor irregularidad en este segundo expediente".
El abogado del exdelegado provincial de Empleo recurrió contra la decisión de la juez de investigar su patrimonio, pero la juez rechaza el referido recurso ante la "existencia de indicios, que deben ser objeto de una más profunda investigación, de que el inculpado ha podido cometer actuaciones ilícitas", y acuerda investigar determinadas "irregularidades" en el ERE de 2003 de Mercasevilla, donde "fueron cinco los trabajadores que se prejubilaron con 49 años cuando la edad mínima era 50 años a la fecha de 31 de diciembre de 2003".
En lo que respecta al ERE de 2007 del merca, la instructora asevera que Rivas "autorizó" la extinción de los contratos laborales relativos a cuatro trabajadores "que no pertenecían" a la sociedad mixta, "sino que eran empleados de la Fundación Socio-Asistencial, tratándose ambas de dos entidades diferentes", a lo que añade que el imputado "era conocedor" de que la financiación del plan de prejubilaciones de ambos ERE "sería asumida en su mayo parte" por la Junta --cinco millones de euros por el de 2003 y en torno a nueve millones por el de 2007--.
PLANTILLA "SOBREDIMENSIONADA"
La juez pone de manifiesto que el ERE de 2007 fue autorizado por el exdelegado provincial de Empleo "por las mismas causas organizativas" que el de 2003, aunque en este último caso "la causa alegada fue una sobredimensión de la plantilla y que el coste de personal ascendía al 64 por ciento de la cuenta de explotación de la sociedad", no obstante lo cual "indiciariamente parece que en un periodo de dos años la empresa había contratado prácticamente el mismo número de trabajadores que en el primer ERE habían sido despedidos, de forma que la sociedad volvió a tener sobredimensionada la plantilla, siendo excesivo su coste de personal".
No obstante, añade la juez Alaya, por el imputado "no se apreció la existencia de la menor irregularidad" y se aprobó el segundo ERE en mayo de 2007, "autorizando la extinción de 64 contratos laborales", una situación "que, si podría considerarse grave al tratarse de una empresa municipalizada, aún más si tenemos en cuenta que la financiación sería asumida en su mayor parte" por la Junta.
Tras ello, determina indagar si conocía la inclusión del exmilitante del PSOE de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo en una póliza derivada del ERE de 2007 "que iba a ser financiada" por la Administración autonómica, pues, "aunque el imputado se manifiesta ajeno a todo lo relativo a las pólizas de prejubilación, no parece ser así del examen de la documentación aportada, donde se contienen importantes muestras del papel activo de Rivas" a estas pólizas.
FAMILIARES BENEFICIADOS
De igual modo, investigará el hecho de que, siendo Rivas alcalde de Camas desde 1991 hasta 2000, dos familiares suyos, residentes en esta localidad, "hayan sido beneficiarios de una póliza" en las empresas Surcolor e Intersur, "los cuales nunca trabajaron en las mismas y sin que consten que solicitaran alguna ayuda pública". Asimismo, llama la atención sobre el hecho de que un trabajador se benefició del ERE de 2007 tras ingresar en la empresa el 16 de abril de 2007, "días antes de la solicitud del expediente" por la empresa.
"En definitiva, el imputado, como autoridad laboral competente, ha autorizado múltiples ERE, habiéndose detectado falsos trabajadores en las pólizas de prejubilación derivadas de los mismos", asevera, señalando que con los ejemplos expuestos anteriormente "se demuestra que la actuación de Rivas no concluía con la mera autorización del ERE", por lo que "habrá que investigar si, siendo activa su participación posterior en estrecha colaboración" con el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, "era conocedor de la inclusión de esos intrusos o de alguno de ellos".
