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España

Mellet pide nuevamente la nulidad de la grabación del cohecho

La defensa dice que el relato es ?provocado? y la grabación ?inconstitucional?

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El abogado del exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet, para quien la Fiscalía reclama una sanción de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses por el supuesto intento de cobro de una comisión ilegal de 450.000 euros a dos empresarios del Grupo La Raza como condición para ser adjudicatarios de la escuela de hostelería de Mercasevilla, ha vuelto a pedir la nulidad de la grabación que dio lugar a la investigación al entender que se trata de un relato “provocado” y de una grabación “inconstitucional” e “ilegal”.

En un reciente auto, la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, decretó la apertura de juicio oral por un delito de cohecho contra los cuatro acusados por el supuesto intento de cobro de una comisión ilegal, como son, además de Mellet, su antiguo director adjunto, Daniel Ponce; el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, y María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla cuando ocurrieron los hechos.

La juez, además, acordó que la prueba de la grabación es “válida” y ordenó que el caso fuera enjuiciado por un jurado.Pues bien, en su escrito de personación ante el tribunal del jurado, la representación procesal de Fernando Mellet pone de manifiesto que “las grabaciones, las transcripciones y las conversaciones son nulas y no pueden ser tenidas como prueba en el presente procedimiento”, añadiendo que “las conversaciones que sirven de sustento para proceder" contra Mellet "se basan en un relato provocado”.

“Un respiro” para las arcas de Mercasevilla

El comité de empresa de la sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, considera “un respiro para la tesorería” el acuerdo alcanzado entre la directiva y la asociación de mayoristas de fruta, verdura y hortalizas, (a la sazón socio minoritario de la compañía), para liberar el millón de euros que estos empresarios habían depositado en una cuenta bancaria en concepto de aval.

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