Ciudadanos Huelva ha lamentado que la playa de Matalascañas se vea privada del uso público de un aparcamiento de 10.000 metros cuadrados junto al Hotel Gran El Coto que "deberían de disfrutar los almonteños y usuarios de la playa de Doñana y que, no obstante, explota una empresa privada en su propio beneficio".
Durante el gobierno del entonces socialista Paco Bella (hoy día gobierna bajo las siglas del partido local Ilusiona), la empresa Bamar 2000, que explota la citada infraestructura turística, hizo uso privativo de dichos terrenos "sin abonar un solo euro a las arcas públicas, con el evidente perjuicio económico al patrimonio municipal". Décadas más tarde fue el gobierno del PP quien realizó "una controvertida concesión administrativa" que, según el empresario Ismael Peidró, se materializó de manera "irregular" al no llevarse a cabo "licitación pública". Para más inri, fue la propia "propia Bamar quien redactó el convenio", algo que a ojos de Peidró es "ilícito pues impedía la puja a otras empresas que pudieran ofrecer mejores condiciones económicas".
La polémica lleva décadas encallada en el municipio. La génesis arranca en 1988 cuando se firmó un convenio con el Ayuntamiento de Almonte para la construcción de un Hotel de cuatro estrellas en Matalascañas que se emplazaría en un lugar tan privilegiado como la misma frontera que delimita el Parque Nacional de Doñana y el comienzo de la zona urbana.
"Según la documentación que han remitido a este partido, el grupo inversor del proyecto cedería al Ayuntamiento una parcela de 10.000 metros cuadrados para uso público", tal como quedó recogido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Un contrato que quedaría ratificado el 12 de junio de 2002 por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Estos terrenos pertenecen a la extinta suspensión de pagos del Hotel Gran El Coto, si bien se cedieron de manera "irregular" al Ayuntamiento en virtud de una escritura notarial que rubricó "una persona que no tenía poderes para llevar a cabo esta operación". A pesar de esta "irregularidad", que ha venido denunciado de manera sistemática empresarios como Peidró, la parcela fue utilizada por el Hotel para dar servicio de parking a sus clientes.
"Lo más flagrante" para Ciudadanos es que durante el Gobierno de Paco Bella y hasta que se ejecutó la controvertida e "irregular" concesión administrativa de 2011, "las arcas públicas no recibieron ni un solo euro por el uso privativo de una parcela pública que explotó en su propio beneficio una empresa privada".
Tras el escándalo que suscitó el asunto y ya con el Gobierno del PP, se aprobó una cesión a Bamar 2000 por los años 2011 y 2012 a razón de 25.000 euros anuales. "La operación se realizó sin licitación pública, lo que llevó a la oposición a cuestionar las dudas sobre su legalidad".
Desde el Ayuntamiento se alude a que actualmente la empresa cuenta con una concesión administrativa que se firmó por quince años y que se extiende hasta 2025, sin facilitar más datos al respecto.
Ciudadanos Huelva va a reclamar información al respecto y demanda un informe jurídico que dilucide si se ha obrado según Ley.
