En lo que se refiere a la primera de las mociones presentadas por el Gobierno municipal, tanto el portavoz de IU, Félix Martín, como el del PSOE, Juan Ortuño, acusaron al Equipo de Gobierno de buscar la confrontación contra instituciones, mientras que aquél, por boca de su portavoz, Ramón del Cid, y del propio Alcalde, realizaba un detenido repaso de las numerosas promesas realizadas por la Junta de Andalucía y el propio PSOE en relación al futuro CARE, sin que tales compromisos se hayan hecho realidad al día de hoy.
Es más, el alcalde mostró incluso sus dudas respecto a la verosimilitud de los últimos anuncios de adjudicación de la redacción del proyecto a una UTE (Unión temporal de Empresas) singularmente numerosa en su composición, sobre todo si se tiene en cuenta la verdadera dimensión del proyecto.
En todo caso, Pedro Fernández Montes insistió en que ya en 1995 el PP planteó la necesidad de hacer realidad el "triángulo sanitario" de Torremolinos, y recordó que desde 1986 no se tiene constancia de inversión alguna de la Junta de Andalucía en Torremolinos en el ámbito de la salud, ya que la construcción del Centro de Salud de La Carihuela fue obra de la Diputación, precisamente cuando el propio Pedro Fernández Montes formaba parte, como vicepresidente, del gobierno de esa institución, entonces del partido Popular.
El alcalde fue por tanto especialmente claro y rotundo en sus críticas al Partido Socialista, a quien recriminó su permanente obsesión por impregnar de carga partidista la gestión institucional.
Por otro lado, pese a la coincidencia "en el fondo" que reconocieron los representantes de IU y PSOE, el Equipo de Gobierno tampoco logró el respaldo para la segunda moción referida, que, con la pretensión de que sirva de base a un movimiento unánime del resto de municipios andaluces de más de 5.000 habitantes, exige a la Junta de Andalucía el traspaso de los medios y recursos suficientes para el desempeño de las competencias que, en materia educativa, vienen asumiendo los ayuntamientos.
Se trata, en definitiva, de intentar reducir la fuerte carga económica que está suponiendo para las arcas municipales la prestación de los servicios esenciales en los colegios (agua, luz, etcétera), además del mantenimiento de los centros escolares, proponiendo también el traslado del acuerdo al resto de ayuntamientos, además de a los representantes del Parlamento Andaluz para que, en su caso, éstos inicien las acciones que procedan de cara a las modificaciones legales que permitan la "liberación" de los ayuntamientos de estas cargas económicas o, en su caso, la correcta atención de las mismas mediante las correspondientes transferencias puntuales de la Junta de Andalucía.
