El Ayuntamiento de Jerez y la Junta de Andalucía rubricaron este jueves por escrito su compromiso de impulsar la construcción de la futura Ciudad de la Justicia, estableciendo como primer objetivo definir la ubicación del complejo antes de que expire el presente ejercicio.
Para ello, el Consistorio ha ofrecido a la Consejería de Justicia , Administración Local y Función Pública hasta siete suelos municipales con capacidad para acoger una infraestructura de estas características.
El proceso de elección tendrá en cuenta las opiniones de los diferentes operadores jurídicos, toda vez que el deseo de ambas administraciones es alcanzar el mayor consenso posible en una fase que será determinante de cara a la construcción del edificio.
“La ubicación que más me gusta es la que nos recomienden los operadores jurídicos, porque ellos saben los pros y los contras de cada una de ellas y van a acertar”, subrayó el consejero José Antonio Nieto, que advirtió además de que será el Ayuntamiento quien tendrá que “liderar” ese proceso de elección del suelo al conocer con mayor detalle la realidad y los planes de desarrollo de Jerez.
Una vez definido ese suelo será necesario definir un plan de uso de la mano de los técnicos de la Junta de Andalucía, que “son unos grandes especialistas” en esta materia.
Estas primeras actuaciones no precisan de “sobrecoste”, pero ya de cara a 2025 serían necesarias las primeras partidas presupuestarias porque habrá que contratar la redacción del proyecto básico, que es una fase imprescindible para licitar la construcción del edificio.
La “idea” del Gobierno autonómico es que la Ciudad de la Justicia pueda desarrollarse “por fases”, de modo que la primera de ellas permitiera el traslado a las nuevas dependencias de las instancias judiciales que se encuentran ahora en la avenida Tomas García-Figueras y la calle Índico, que presentan innumerables carencias denunciadas de manera reiterada por todos los operadores jurídicos.
La segunda fase permitiría el traslado de la sección octava de la Audiencia Provincial, así como de las instancias judiciales ubicadas en el edificio de la avenida Alcalde Álvaro Domecq, que son “bastante adecuadas”.
El protocolo suscrito entre el Ayuntamiento y la Junta parte del “diagnóstico evidente” de que “no se puede tolerar” que “hoy por hoy” Jerez tenga las infraestructuras judiciales que tiene y de que tampoco puede permitirse el lujo de “perder el tren” que supone incluir este proyecto en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 en el que trabaja la Administración autonómica y que se presentará “en breve”.
La alcaldesa, María José García-Pelayo, espera que a partir de ahora se pueda “imprimir velocidad” al desarrollo de este y otros proyectos. En el caso concreto de la Ciudad de la Justicia, la regidora advirtió de que no se van a permitir “parcheos” dado que “es necesario” desarrollar una infraestructura pensando “en el siglo XXII” y no una “que se pueda quedar pequeña en 25 años”.
De ahí que el objetivo pase por buscar una ubicación que permita que el equipamiento “tenga posibilidad de seguir creciendo en el futuro”. “Alternativas hay muchas y desde nuestro punto de vista hay suelos más atractivos que otros. Los operadores jurídicos se han ido manifestando en estos últimos meses en reuniones oficiosas y ahora ha llegado el momento de buscar un consenso definitivo sobre la ubicación de la Ciudad de la Justicia”, añadió.
Jerez espera la construcción de este edificio “desde 1993”. Cuenta actualmente con tres sedes judiciales, casi 500 abogados ejercientes, un centenar de procuradores y más de una veintena de juzgados; además de una sección de la Audiencia Provincial, Fiscalía y Registro Civil, entre muchos otros servicios.
El reto es que todos esos servicios puedan por fin unificarse en unas dependencias adecuadas a sus necesidades.
