La publicación por Publicaciones del Sur de que José Manuel Pascual Pascual facturó 118,9 millones de euros a la Junta de Andalucía por prestar servicios sanitarios en los hospitales de El Puerto, Sanlúcar y Villamartín durante el año sin concierto entre el 7 de junio de 2021 y el 8 de junio de 2022, ha puesto nuevamente bajo el foco a la empresa privada.
El PSOE anunció que pedirá explicaciones en el Parlamento por estos pagos en Cádiz, mientras que Adelante y Por Andalucía cuestionaron la calidad asistencial. Pero esta no deja de ser la penúltima polémica de un rosario de escándalos que han marcado la trayectoria empresarias de Pascual que, tras embolsarse 38o millones de euros por el concierto iniciado en 2017 por cuatro años, renovó con el Gobierno de Juanma Moreno por otros cinco años por un importe de 771 millones de euros e incluyó a los tres centros sanitarios citados, la Clínica San Rafael, en Cádiz, y excluida en el anterior acuerdo, y un centro en Huelva.
Ahora, el Gabinete Jurídico de la Administración andaluza califica de “operación inusual” que el grupo sanitario haya cedido gratuitamente el uso de un inmueble en Málaga capital a la Junta de Andalucía.
Varapalo judicial al uso obligatorio por enfermeras de falda, cofia y medias
En junio de 2011, El País informó de que “Pascual amenaza con sancionar a las enfermeras que lleven pantalón”. La empresa mantenía abierta una guerra con CCOO desde hacía al menos tres años con la denuncia por parte del sindicato de la obligatoriedad para este personal en la Clínica San Rafael, de Cádiz, de vestir falda, cofia y medias, mientras que las trabajadoras destinadas a los quirófanos podían optar por el pijama sanitario.
Solo unos días antes de que la prensa nacional diera cuenta de la noticia, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictaminó que Pascual no podía imponer la ropa a las empleadas, dado que la obligación por parte de la sociedad mercantil era contraria al principio de no discriminación por razón del sexo que defiende explícitamente la Constitución, además de ser una práctica “discriminatoria y una actitud empresarial que no resulta objetivamente justificada”.
Con todo, Pascual decidió recurrir al Tribunal Constitucional, pero la batalla reputacional estaba perdida. A finales de octubre de 2011, los diferentes comités de empresa seleccionaron la nueva indumentaria, aplicando el Plan de Igualdad, que debía aprobar la dirección.
Sanción de 5,33 millones del Consejo de Defensa de la Competencia por precios abusivos
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía impuso en 2018 dos sanciones a Hospitales Pascual por un importe total de 5,33 millones de euros, por conductas anticompetitivas, ya que durante tres años y medio aplicó precios abusivos por los servicios que prestaba al SAS en las provincias de Cádiz y Huelva, en concreto, en los hospitales Virgen de las Montañas, Virgen del Camino, Santa María del Puerto, San Rafael y Blanca Paloma.
Con esta conducta, se habría visto perjudicado el SAS e indirectamente las personas usuarias de la sanidad pública.
En la resolución del Consejo de Gobierno se calculó que el beneficio ilícito obtenido como consecuencia de esta infracción por Pascual desde febrero de 2014 hasta junio del año 2016 habría alcanzado los 164,1 millones, considerando un escenario de conciertos similares, de modo que tal beneficio derivado de su actuación ilegal hasta junio de 2017 habría sido aún mayor.
Además, habría abusado de su situación de predominancia indiscutible en el sector, mediante una práctica de exclusión en el ámbito de la prestación de asistencia sanitaria especializada con unidad de urgencias, demandando al SAS, en sus negociaciones de nuevos conciertos, prestaciones suplementarias que no guardan relación con los contratos, tales como la exigencia de concertar en un solo paquete todos los hospitales de su propiedad.
Con dicha actuación, perseguía mantener o reforzar su posición de dominio en el mercado de la prestación sanitaria especializada, con puerta de urgencia.
Urgencias gratis para presionar a la Junta en Cádiz
Las Urgencias de la Clínica San Rafael, en Cádiz, atendieron hasta 11.000 gaditanos en cuatro años. José Manuel Pascual Pascual SL adoptó esta decisión como medida de presión tras la decisión de la Junta de Andalucía de excluir el centro del concierto sanitario en 2017, por el que la empresa se embolsó, en cualquier caso, 380 millones de euros.
Facua Cádiz pidió, en vano, a los gaditanos que no cayeran en la trampa al advertir de que el servicio de urgencias si contar con el respaldo y la cobertura de la Consejería de Salud podía originar que, posteriormente, el usuario requiriera de otras intervenciones o tratamientos cuyo coste económico no sería ya asumido por la clínica privada ni, en tal caso, por el sistema sanitario público, de forma que sería el propio usuario el que tendría que abonar los servicios¡. La Junta de Andalucía, por su parte, abrió un procedimiento administrativo por vulnerar competencias de la administración autonómica que, sin embargo, no prosperó.
El Gobierno de Juanma Moreno volvió a incluir la Clínica San Rafael en el concierto y abrió otro frente. CSIF denunció que la Gerencia del Distrito Bahía-La Janda remitió una instrucción a los profesionales para que los servicios de urgencias que se registraran en intramuros fueran derivados al hospital de Pascual y no al Puerta del Mar, lo que afectaba a 50.000 usuarios.
Y Marea Blanca advirtió de que estos se quedaban sin acceso a determinadas “súper especialidades” que ofrece el centro hospitalario público.
Cesión de un hospital en Málaga... con letra pequeña
El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía ha calificado de “operación inusual” que el grupo sanitario José Manuel Pascual Pascual haya cedido gratuitamente el uso de un inmueble en Málaga capital a la Junta de Andalucía para su destino a fines sanitarios, por cuanto ha subrayado que “es una entidad privada” la promotora de esta operación cuando en “la mayoría de los supuestos similares que ordinariamente se plantean, el cedente es otra administración”.
El 10 de febrero de este año el Grupo Pascual acordó la cesión gratuita al SAS del inmueble "para facilitar la prestación de la asistencia sanitaria pública de la población de Málaga en tanto concluye la construcción de un nuevo hospital público que se encuentra en curso" y el 14 de abril, la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, propone al Consejo de Gobierno la aceptación de ese uso.
El contrato, según la información que aparece en el expediente que describe el administrador solidario del grupo José Manuel Pascual Pascual, tiene fecha de inicio el 15 de junio de este año y expirará el 15 de mayo de 2028, con la posibilidad de ser prorrogado otros cinco años, salvo denuncia expresa de una de las partes con seis meses de antelación.
“En caso de no renovación, si no se efectuara en la fecha de finalización de la cesión el desalojo y la entrega del inmueble se establece una indemnización de 5.000 euros por cada día natural de retraso hasta la fecha efectiva de desalojo y entrega”, asegura el administrador solidario del grupo José Manuel Pascual.
