En concreto, el parlamentario europeo Raül Romeva i Rueda elevó una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea sobre la “vulneración” en materia medioambiental en la que entiende que está concurriendo el plan comarcal impulsado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
Para Romeva, el POT “vulnera” el artículo 5.1 de la Directiva Europea de 2001 relativa la evaluación de los efectos de planes y programas en el medio ambiente, al considerar que “no se encuentra a disposición de la ciudadanía la documentación técnica que supuestamente sustenta el Informe de Sostenibilidad Ambiental”.
Además, asegura que el plan de ordenación “incumple la normativa de evaluación ambiental de planes al no existir al menos una alternativa de localización, añadiéndose a ello la inexistencia de la alternativa cero”.
El europarlamentario calificación el POT del Campo de Gibraltar como “mero documento” que, al amparo de la denominación plan, “pretende legalizar situaciones previas contrarias a la Ley y al Derecho, dando cobertura a un conjunto de proyectos sin estructura común, fruto de intereses particulares”.
Raül Romeva se sustenta en el conocido como Informe Auken, aprobado por la Unión Europea en 2008, en el que se insta a la Comisión que pida a las autoridades españolas competentes que revisen y modifiquen los proyectos urbanísticos en que no se observen la sostenibilidad ambiental, la responsabilidad social y los derechos de los propietarios legítimos.
Por ello, insta a la Comisión a que actúe ante el POT comarcal, a instancias de dicho informe, y advierte de que en el mismo “se incluyen proyectos pendientes de trámites medioambientales o denuncias ante la propia Unión Europea o la Fiscalía española”.
Fase de información pública
El comisario europeo de Ciencia e Investigación, Janez Potoçnik respondió en el Parlamento Europeo el pasado 8 de junio al requerimiento de Los Verdes, señalando que el POT “aún” no vulnera la ley ya que el proceso de aprobación del plan no ha concluido, y que acaba ahora la fase de información pública.
Así, señaló que el procedimiento de estudio medioambiental se está llevando a cabo de forma paralela a la preparación del plan y antes de su aprobación. Igualmente, indicó que la responsabilidad de aplicar el derecho recae directamente en el Gobierno español, y que el citado Informe Auken “es un instrumento no vinculante y no puede usarse como base para determinar la existencia de una infracción”.
