Así sucedió con uno de los puntos del orden del día que había generado mayor expectación, como era la proposición de IU de rechazar la instalación de una central eólica marina en la costa noroeste de la provincia. El debate estuvo presidido por decenas de ciudadanos que, pancarta en mano, defendían la importancia económica y laboral de la ejecución del proyecto.
A la proposición de IU se unieron también los diputados de PA y PP, que entendían que, para respaldar el proyecto, era necesaria la realización de un estudio previo de impacto ambiental, una mayor información y un consenso de todos los grupos, por lo que abogaban por un “no preventivo”.
El empate técnico resolvió finalmente no aprobar dicha proposición, ante lo que González Cabaña defendió el “sí preventivo”, es decir, la puesta en marcha del proyecto, que ya cuenta con un estudio previo que está siendo realizado por la Universidad.
El argumento del diputado socialista Federico Pérez Peralta fue que el proyecto cumple con el vigente marco legal, cuenta con la garantía de la Universidad de Cádiz, contribuye a la lucha contra el cambio climático y está condicionado al Informe de Impacto Medioambiental”.
Otro punto, que fue aprobado con la abstención del PP, se refería a la creación de un plan específico para los desempleados, por el cual Diputación destina una partida de 5 millones de euros a los ayuntamientos. La abstención de los populares hacía referencia a la cesión de este pago a los ayuntamientos, algo que consideran perjudicial “dada la situación de los municipios”. El diputado socialista Francisco Menacho aclaró que fueron los consistorios los que solicitaron la gestión de la partida.
El Pleno dio cuenta también de actuaciones de emergencia en seis carreteras de la red secundaria por una cuantía de 900.000 euros, financiada con fondos de la institución provincial. En esta línea, el grupo popular presentó dos propuestas destinadas a la puesta en marcha de un plan de emergencia para hacer frente a las consecuencias del temporal en la provincia, así como una partida para los municipios con menos de 20.000 habitantes.
La primera propuesta fue rechazada por el PSOE, señalando que ya se han cuantificado las actuaciones con 900.000 euros Diputación y Junta y un millón del Estado, si bien el diputado popular Bernardo Villar insistió en que no existía una coordinación entre administraciones. La segunda propuesta también fue rechazada.
Otro punto que calentó el debate fue la propuesta socialista de asegurar la viabilidad de los almadraberos, algo que el grupo popular criticó por “aplaudir al Gobierno cuando ha sido él el que quiso prohibir su pesca”.
