El curso escolar, que empezará en la mayor parte del país entre el 8 y 12 de septiembre, supondrá un esfuerzo de adaptación de profesores y alumnos a los cambios derivados de la última reforma educativa, no exentos de polémica, y a las nuevas leyes de Protección a la Infancia y Formación Profesional.
Uno de los quebraderos de cabeza para los más de 700.000 profesores de enseñanzas no universitarias será implantar los currículos aprobados a principios de año -lo que se aprende en las aulas y el modo de hacerlo- en 1º, 3º, 5º de Primaria; 1º y 3º de Secundaria, 1º de Bachillerato y FP. El curso 2023-2024 será el turno del resto de cursos y de la nueva prueba de acceso a la universidad.
Se trata de pasar del mero conocimiento enciclopédico al competencial, sin olvidar los contenidos. Ha sido uno de los aspectos que más polémica ha generado entre algunos grupos políticos y asociaciones de padres y madres de alumnos por entender que las nuevas reglas suponen atentar contra la cultura del esfuerzo, a la par que adoctrinar a los niños a través de los nuevos contenidos que ha introducido la ley Celaá.
Sindicatos, profesores y editoriales de libros de texto también se han quejado de la incertidumbre que planea sobre este curso debido a los retrasos en la publicación de los reales decretos que regulan los currículos, tanto por parte del Ministerio de Educación como de las comunidades autónomas que deben completar los mínimos regulados por Educación.
De hecho, hay muchos profesores que no han prescrito los libros en junio y están esperando a este mes, mientras que las editoriales se han visto obligadas a trabajar con los borradores enviados por las consejerías de educación.
En estos momentos, ocho comunidades tienen aprobados todos sus decretos autonómicos (Baleares, Extremadura, Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón, Valencia y La Rioja); siete no han aprobado ninguno (Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia y País Vasco), y el resto solo han publicado algunos de sus decretos, según la patronal de los libros de texto (Anele).
A continuación, los cambios principales a los que obligó a finales del año pasado la Ley Celaá y algunas de las que se estrenarán este curso, que van desde la forma de pasar de curso y de evaluar, a impartir nuevas asignaturas y optativas, y aplicar una metodología distinta de enseñar y aprender:
BACHILLERATO:
. Se permitirá pasar de 1º a 2º con dos suspensos y obtener el título con una pendiente; la etapa podrá cursarse en tres años en circunstancias especiales (por ejemplo deportistas de élite) y se mantienen los exámenes de recuperación (en la ESO se han eliminado este curso).
Para titular, con carácter general será necesaria la evaluación positiva en todas las materias, aunque excepcionalmente se podrá conseguir con una única materia pendiente si el alumno ha alcanzado las competencias adecuadas; no haya habido una inasistencia continuada y no justificada; se ha presentado a las pruebas y tenga una media aritmética de las calificaciones igual o superior a cinco.
El currículo incorpora la perspectiva de género de modo transversal y no pone tanto énfasis en qué temarios entran, sino en qué se quiere conseguir y qué competencias debe adquirir el alumno (el llamado Perfil de Salida).
Se añade una nueva modalidad a las ya existentes: Artes, Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales, y General. Esta última se ha introducido para atraer a alumnos que buscan una educación más generalista y se implantará de modo paulatino, igual que ocurrió con el de Artes.
Habrá nuevas asignaturas, entre ellas, Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial, Cultura Audiovisual e Historia de la Filosofía, aunque esta última se impartirá en 2º.
SECUNDARIA
Una de las novedades es que el número de suspensos no será el criterio determinante a la hora de promocionar de curso, sino que la decisión final estará en manos del profesorado. De manera colegiada, evaluará si el chico ha alcanzado los objetivos de la etapa.
La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional, por lo que solo se podrá usar una vez en el mismo curso y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria (España casi triplica su cifra de repetidores con respecto a los países de la OCDE, 9 % frente al 1,9 %).
Se propiciará el aprendizaje competencial, autónomo y significativo en todas las materias, acorde a la idea de que los adolescentes sepan aplicar lo que aprenden y no se limiten a memorizar contenidos.
La educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales serán objeto de un tratamiento transversal, y todo el alumnado cursará Educación en Valores Cívicos y Éticos en uno de los años académicos de la etapa.
PRIMARIA
La ley Celaá modifica de forma significativa estas enseñanzas, recuperando los tres ciclos anteriormente existentes y reordenando las áreas para favorecer el desarrollo de las competencias.
Todas las áreas promoverán la igualdad entre hombres y mujeres, la educación para la paz y la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual.
Se añade la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos para los niños de 10 a 12 y se enfatiza la educación emocional y el dominio de la lectura, de modo que los centros dedicarán un tiempo diario a este hábito.
La evaluación del alumnado será global, continua y formativa, y sus resultados se expresarán en Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB), eliminándose las notas numéricas.
Habrá más horas de Matemáticas, Conocimiento del Medio, Lengua y de Enseñanzas Artísticas.
Cada alumno dispondrá al acabar la etapa de un informe sobre su evolución y las competencias desarrolladas para garantizar una buena transición a Secundaria.
PRIMER CICLO DE INFANTIL
El real decreto de enseñanzas mínimas de educación infantil dota por primera vez de carácter educativo al primer ciclo, de 0 a 3 años, con lo que dejará de ser solo de carácter asistencial y de cuidados.
Se establece la gratuidad del segundo ciclo y su progresiva extensión al primero.
FORMACIÓN PROFESIONAL
La nueva ley de FP abre pasarelas con estudios universitarios, facilita a estudiantes y trabajadores la formación continua a lo largo de su vida y potencia las prácticas en empresas.
Contempla desde microformaciones hasta cursos de especialización y está ordenado en itinerarios formativos que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes.
Habrá un tiempo en la empresa de entre el 25 y el 35 % de la duración total del aprendizaje, en función de la FP que se elija, y un contrato de formación remunerado en los términos que determine la legislación laboral.
Se transforma el sistema de acreditación por competencias para reconocer la experiencia profesional de 11 millones de trabajadores.
LEY DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA
Todos los colegios deberán poner en marcha las figuras del coordinador de bienestar infantil y del delegado de protección en las entidades deportivas y de ocio.
Serán los encargados de aplicar los planes y protocolos en el ámbito educativo, en el ocio y el deporte, de escuchar a los menores y sus avisos sobre cualquier tipo de violencia, y comunicar las situaciones de riesgo.
