"El Ayuntamiento va a tener que buscar en solitario una solución urgente y provisional, a la vista de la actitud las dos administraciones, Junta de Andalucía y Gobierno de España, que no se ponen de acuerdo ni en los trámites a realizar, que no han sido capaces de ayudar a encontrar una solución y que en ambos casos están dando la espalda a los pescadores y poniendo en juego su medio de vida".
Esta es la postura del Gobierno municipal de San Fernando que quiere poner punto y final a una polémica que está siendo utilizada en las redes sociales por los grupos políticos de la oposición tomando partes de la información publicada por algunos medios. "En el caso concreto del PP, además, tratando este tema solo con interés electoral en plena campaña en la que ya están inmersos".
"Es una situación muy lamentable y una absoluta vergüenza todo lo que están diciendo y haciendo sin mover ni un solo dedo por solventar el problema de los pescadores artesanales", dice la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada.
"Los pescadores van a tener una solución urgente y ágil sí o sí, en eso estamos desde que llegó la notificación de que no van a esperar a hacer las cosas por las buenas, y de tenerla me voy a encargar en persona. Vamos a darles respuesta sin ningún tipo de dudas".
"Usar de esta manera a estas personas y sus familias, jugar con sus intereses y no tener flexibilidad y voluntad de acuerdo es un drama. Este tipo de actuaciones muestran lo peor de la política. Sin duda, ambas administraciones están haciendo lo contrario de lo que se espera de ellas, y no tienen voluntad ninguna de colaborar", dice la alcaldesa.
"Pero mientras ellos siguen así nosotros nos vamos a encargar, dentro de los escasos márgenes que nos dejan, de buscar soluciones".
Lo que se pretende es colocar los módulos de los pescadores, que apenas son una docena, en un terreno fuera de la servidumbre de Costas y de forma provisional, aunque estén un poco más lejos, hasta que se aclare si el Ayuntamiento tiene que pedir permiso a la Junta y corregir el solicitado en su día. Una vez solucionado se colocarán los módulos en el lugar acordado con los pescadores.
La polémica parte del momento en que el Ayuntamiento anuncia que Costas podrá desalojar las casetas a partir del martes día 8. El Ayuntamiento se queja de que no ha dado tiempo a solicitar los permisos a la Junta de Andalucía para actuar en zona de servidumbre del Dominio Público Marítimo Terrestre, a lo que Costas responde que no es necesario ese permiso y que han tenido tiempo de montar los módulos.
El Ayuntamiento arguye que sí es necesario pedir el permiso a la Junta y la Junta responde que el permiso se ha pedido -o sea, que el Ayuntamiento llevaba razón en su respuesta a Costas- pero que no se ha concedido el permiso por un error administrativo en la petición. El Ayuntamiento, una vez solucionado ese trámite, con seguridad recibirá el permiso de la Junta para montar los módulos y el problema habrá terminado.
