Cinco meses después de aquel fallido intento a finales del pasado mes de septiembre, el primero de los macrojuicios por narcotráfico y blanqueo de capitales programado en la Sección Algecireña de la Audiencia Provincial afronta el segundo intento de vista oral, tras tener que ser suspendido por el cambio de abogado defensor a última hora de uno de los acusados.
Si se cumplen las previsiones iniciales, la vista oral se celebrará entre mañana martes, 1 de febrero, y el viernes, día 4, caso de que no se produzcan nuevos aplazamientos.
En su momento, el aplazamiento del juicio supuso una ola de indignación en la que expresaron su malestar por lo que algunos entendían como presuntas artimañas jurídicas para retrasar la celebración del juicio.
Efectivamente, la maniobra del cambio de letrado a última hora pilló por sorpresa a propios y a extraños, y pareció imposible de prever para los magistrados, que no tuvieron más remedio que aceptar el aplazamiento.
En aquella sesión del 27 de septiembre, la jueza que presidía la sala consintió, no sin reparos, dicha renuncia a la defensa por parte del acusado y ordenó la suspensión del juicio. El (nuevo) abogado de dicho acusado había solicitado el aplazamiento tras haberse incorporado al caso a última hora al decidir su defendido cambiar de letrado. Se da la circunstancia de que el abogado en cuestión, a cuya representación ha renunciado uno de los acusados, se encontraba en la sala, ya que también defiende a otro de los acusados.
La jueza indicó entonces que esa acción estaba “al borde del abuso de derecho” y apercibió a los acusados de que, en caso de renunciar a su defensa, deberían hacerlo con una semana de antelación, de cara a la celebración del juicio.
Por su parte, la fiscal manifestó que no podía oponerse a la decisión de los jueces, si bien transmitió su queja, sobre todo por el coste que supone un macrojuicio como este para toda la Administración de Justicia. Entre otras cosas, la Junta se había gastado 70.000 euros en acondicionar la sala para estas vistas, colocando mamparas y reformando el espacio para poder dar cabida a 18 acusados y a sus correspondientes letrados.
El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, declaraba pocos días después, precisamente en la sede de la Audiencia en Algeciras, que “los jueces tenemos que estar muy finos para evitar este tipo de situaciones” porque “desde el punto de vista del derecho de defensa, eso no se sostiene en muchos casos y se ve que se trata de dilatar y evitar la celebración del juicio”.
Al cierre de esta edición, no se tenía constancia de circunstancias similares que pudiesen provocar una nueva suspensión, por lo que, en principio, y si no hay cambios de última hora, la vista oral se reanudará el martes como estaba previsto.
La Fiscalía pide para los acusados 13 años de prisión, de los que dos son por pertenencia a grupo criminal, seis por delito contra la salud pública, tres por tenencia de armas y dos por receptación. Además, solicita multas por una cuantía de hasta 12 millones.
El presunto jefe delclan, dedicado al tráfico de hachís desde Marruecos a las costas de Andalucía para su distribución por Europa, fue detenido en junio de 2020 tras ser localizado en Chiclana de la Frontera cuando se encontraba en busca y captura. Un mes antes, agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, en el marco de la operación Caniche/rubio, desmantelaron la organización de Los Pantojas con la detención de 36 presuntos integrantes, para lo cual realizaron 18 entradas y registros en la comarca del Campo de Gibraltar, donde se intervinieron 4.300 kilos de hachís, 19 vehículos, nueve embarcaciones semirrígidas, de recreo, pesquera y motos acuáticas, material electrónico, de telefonía y náutico, un subfusil y un arma corta y dinero en efectivo.
