La Fiscalía de Granada ha solicitado la pena de seis años de cárcel y multa de 6,8 millones de euros para tres empresarios acusados de un delito continuado contra la Seguridad Social que cometieron a través de un entramado empresarial en el que mantenían la misma actividad, los trabajadores y los medios de producción, pero cambiaban el nombre para no hacer frente a las deudas contraídas con sus acreedores, entre ellos la Tesorería General de la Seguridad Social.
Los tres acusados, junto a un cuarto que está en paradero desconocido, eran los responsables de un entramado empresarial formado por tres mercantiles que en realidad son una misma empresa, cuya actividad era el comercio al por menor y al por mayor de carne y otros productos cárnicos, según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.
Además, el domicilio de la actividad es el mismo para las tres empresas, en un polígono industrial de Atarfe (Granada), y de hecho, los trabajadores --que fueron dados de alta en unas empresas y traspasados a otras que asumían las costes de la Seguridad Social para eludir las deudas contraídas desde 2008-- no hallaron diferencias significativas, pues tenían "siempre los mismos jefes, compañeros, herramientas de trabajo y medios de producción".
Relata el fiscal que los acusados fueron los jefes de facto de las empresas pero, para dificultar la averiguación de su estafa, nombraron a otras personas y a otros trabajadores de las empresas como apoderados mercantiles y directores de ventas con control de las cuentas, los cuales eran ajenos a lo que estaba ocurriendo.
La deuda total asciende a 1,3 millones de euros, según expone el fiscal, que también pide que los acusados pierdan la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, así como de obtener beneficios o incentivos fiscales de la Seguridad Social durante siete años. El juicio está previsto que se celebre del 26 al 29 de octubre en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.
